VISIÓN
Queremos transformar la defensa indígena en una herramienta de justicia intercultural, protegiendo vidas, territorios y culturas frente a la criminalización estructural que enfrentan los pueblos originarios en Chile, especialmente el pueblo mapuche. Como organización sin fines de lucro, comprometida con la dignidad humana, apuntamos a una defensa intercultural acción pública para enfrentar un sistema legal monocultural y punitivo. Nuestra defensa es un acto de justicia histórica, un deber político y moral que busca reconocer el pluralismo jurídico, validar los derechos consuetudinarios y convertir la defensa jurídica en una herramienta de dignidad donde la memoria, la autonomía y el derecho a existir sean reconocidos como norma, no como excepción.
Misión
Fortalecer y defender los sistemas de justicia indígena mediante un enfoque intercultural y consuetudinario. Inspirados en promover el reconocimiento del pluralismo jurídico, la autonomía territorial y la resolución de conflictos basada en el Az Mapu. Impulsamos la protección efectiva de los derechos indígenas, la formación de líderes jurídicos comunitarios y el desarrollo de mecanismos de justicia restaurativa. A través del acompañamiento legal, la generación de conocimiento y la promoción de una justicia con identidad, buscamos consolidar un sistema de derecho indígena legítimo, sustentable y arraigado en la cosmovisión de nuestros pueblos.
¿Qué hace la Defensoría Popular Indígena?
La Fundación DPI es una organización autónoma y sin fines de lucro que actúa como un verdadero brazo jurídico y formativo al servicio de los pueblos indígenas, organizaciones gremiales y sectores urbanos populares en Chile. Su labor se centra en tres pilares fundamentales: defensa jurídica especializada, formación intercultural y fortalecimiento organizacional.
Desde su fundación, DPI ha acompañado a comunidades indígenas, obreros forestales, pescadores, trabajadores de la minería y movimientos urbanos, brindando apoyo legal estratégico, talleres de formación en derechos y acompañamiento político-comunitario. Esta acción busca no solo enfrentar vulneraciones de derechos, sino también construir autonomías territoriales, económicas y culturales desde las bases.
El funcionamiento de DPI se rige por un reglamento que garantiza su independencia y sostenibilidad. A diferencia de muchas organizaciones dependientes de fondos estatales, la Fundación ha optado por un modelo de financiamiento autosustentable, basado en cuotas de socios y honorarios por servicios prestados, priorizando siempre el apoyo de comunidades, personas y redes solidarias que comparten su causa. Esta elección responde a una convicción profunda: la libertad para defender implica independencia del poder que vulnera.
¿Por qué creamos la Defensoría Popular Indígena?
Justicia, Interculturalidad y Derecho Indígena.
En Chile, el sistema penal ha operado históricamente como un dispositivo monocultural, centralista y profundamente deferente al poder político, tal como lo han sostenido Couso, Hilbink y Pou. Esta estructura jurídica, lejos de proteger los derechos fundamentales, ha funcionado como un mecanismo de control social selectivo, donde el pueblo mapuche ha sido sistemáticamente criminalizado por ejercer su derecho a la autodeterminación, la defensa territorial y la expresión política.
1. El Derecho Penal como herramienta de persecución política
El pueblo mapuche ha sido sujeto de una aplicación desigual del derecho penal, que ha reinterpretado sus actos de resistencia como delitos comunes o incluso terroristas, invisibilizando sus motivaciones políticas y culturales. La Ley Antiterrorista (LAT), heredada de la dictadura, ha sido usada para deslegitimar reivindicaciones legítimas, mientras líderes y comunidades han debido recurrir al derecho estatal como arma de defensa, resignificando su rol frente a un aparato judicial hostil.
2. La irrupción de la interculturalidad jurídica: logros y límites
La entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT en 2009 marcó un punto de inflexión: algunos tribunales comenzaron a considerar el derecho consuetudinario mapuche como fuente jurídica, reconociendo prácticas como el malón o los acuerdos reparatorios como formas legítimas de resolución de conflictos. Sin embargo, estos avances siguen siendo excepcionales, fragmentarios y muchas veces simbólicos, como lo evidencia la implementación de señaléticas bilingües sin garantías reales de interpretación lingüística o comprensión cultural.
3. La experiencia de la Defensoría Penal Mapuche: un modelo insuficiente
Aunque se han creado defensorías especializadas en la Araucanía, su marco de acción está restringido por una lógica de gestión, con escasa atención a la profundidad cultural, política y espiritual del conflicto. De las más de 4.000 causas atendidas en 2019, la mayoría corresponde a delitos comunes, sin un enfoque diferenciado. El sistema actual desconoce quién debe ser considerado sujeto de atención indígena y bajo qué criterios, quedando esto a discreción de funcionarios, en ocasiones sin formación intercultural.
4. Criminalización, racismo judicial y ausencia de pluralismo jurídico
La construcción simbólica del “indígena bárbaro” frente al “indígena héroe” ha sido funcional al proyecto de Estado-nación chileno, que se resiste a reconocer el carácter plurinacional del país. Mientras otras constituciones latinoamericanas avanzan hacia el constitucionalismo pluralista, Chile permanece anclado en un modelo decimonónico de una sola nación, un solo derecho, un solo Estado. En este contexto, el derecho penal ha sido usado como herramienta para sostener la hegemonía cultural, racial y económica sobre los pueblos indígenas.
5. Emergencia de una defensa propia, ética y liberadora
La experiencia de prisión vivida por quienes hemos sido privados de libertad por razones políticas y étnicas reafirma la urgencia de construir una defensa autónoma, con raíz territorial, cultural y política. Una Defensoría Popular Indígena no solo es una necesidad jurídica, sino una demanda ética, histórica y democrática: se trata de ejercer el derecho desde los pueblos, con sus propias epistemologías, lenguas y sistemas normativos, sin subordinación a los moldes coloniales del Estado chileno.
6. Hacia una justicia sin apellido
La meta no es solo una defensa técnica o un ajuste cosmético del sistema, sino una justicia sin apellido: histórica, reparadora y emancipadora. Una justicia que reconozca el derecho a existir con dignidad, en nuestra lengua, en nuestros territorios y en nuestros sistemas de vida. No basta con peritajes antropológicos ni con atenuantes circunstanciales: se necesita una estructura institucional que nazca desde el pueblo, para el pueblo, y que dispute el sentido mismo de lo que entendemos por justicia.
Conclusión:
Frente a la ineficacia de las políticas de defensa penal actuales y la continuidad de la criminalización estructural contra el pueblo mapuche, la creación de una Defensoría Popular Indígena es un acto de justicia postergada. Es el primer paso para romper con la legalidad hegemónica y construir un pluralismo jurídico real, donde el derecho deje de ser un instrumento de opresión y se transforme en un camino hacia la libertad colectiva.